Hace algún tiempo (2003) el Institute of Higher Education de la Universidad de Shangai elaboró un ranking de las mejores universidades del mundo usando como criterios los premios Nóbel obtenidos por éstas, sus investigaciones, el desempeño de sus profesores, etc। El resultado fue que entre las 500 primeras universidades no apareció ninguna universidad peruana (pública o privada), entre las 10 primeras 8 eran norteamericanas, y sólo algunas universidades latinoamericanas como la UNAM de México (152), la Federal de Río de Janeiro (301), la UBA de Argentina (301), la Universidad de Chile (401) ocuparon sitiales importantes.
Es evidente entonces que la Universidad Peruana atraviesa por una seria crisis cuyas dimensiones, no todas, pasaremos a evaluar.
Es evidente entonces que la Universidad Peruana atraviesa por una seria crisis cuyas dimensiones, no todas, pasaremos a evaluar.
CANTIDAD VERSUS CALIDAD
En nuestro país hemos pasado de tener 35 universidades y 250 mil alumnos en 1980 a 85 universidades (50 públicas y 35 privadas) y 460 mil alumnos en el 2005.
Este incremento se explica por la liberalización de la educación superior en la mayoría de países de la región, sin embargo, sólo en el Perú el crecimiento ha sido tan pronunciado.
Lo preocupante es que el aumento en cantidad no va de la mano con la mejora de la calidad. La relación es inversamente proporcional: a más universidades y alumnos, menor calidad y pertinencia. Ni el CONUP (1969) ni el CONAFU (desde 1995) han logrado controlar este explosivo incremento.
A pesar que diversos organismos se oponen a la creación de más universidades públicas el Estado sigue promoviendo nuevas instituciones universitarias y la iniciativa privada engordando sus afanes de lucro amparada en la vigencia del Decreto Legislativo Nº 882. Algunos sostienen que se debería suspender la autorización de nuevas universidades durante los siguientes 20 ó 25 años y otros, como Javier Sota Nadal, ex ministro de educación, que sólo debería existir una universidad pública por región.
Por otro lado, en los últimos tiempos somos testigos de lo que podríamos llamar el « boom de las filiales ». Un informe del Ministerio de Educación dice que tenemos actualmente distribuidas por todo el territorio nacional más de 200 filiales informales entre “sedes universitarias” y “posgrados itinerantes”.
Un problema adicional es la inexistencia de un organismo que se encargue de controlar la calidad precisando objetivos y metas, asunto que pretende superarse con la reciente constitución del SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa).
FINANCIAMIENTO
Una ligera comparación presupuestal de carácter internacional nos puede ilustrar en relación al poco apoyo del Estado peruano a la universidad pública. La Universidad de Chile, por ejemplo, tiene 24 mil estudiantes y trabaja con un presupuesto anual de 220 millones de dólares; mientras la UNMSM cuenta con 32 mil alumnos y administra un presupuesto de 66 millones de dólares. Para abundar en información señalaremos que otras universidades como la UNAM y la de Harvard tienen presupuestos que superan a la Decana de América en 22 y 272 veces, respectivamente.
Sobre el gasto público por alumno las cifras no están muy claras. El dato oficial señala que el Estado gasta por estudiante 6 mil soles o 1,800 dólares, aproximadamente; estudios especializados precisan que apenas supera los 1,100 dólares. Sea la cifra que fuere es simplemente deficitaria si la cotejamos con los 4,500 dólares que se invierten en Argentina o los 2,500 dólares que se gastan en Paraguay.
Vale la pena destacar que en el presupuesto de algunas universidades públicas (San Marcos, por ejemplo) sólo la mitad es aporte gubernamental. El abandono económico ha obligado a desarrollar estrategias de diverso tipo para generar recursos destacando la creación de centros productores de bienes y servicios. Salidas como la cooperación internacional se ven trabadas por problemas legales y administrativos, siendo pocas las instituciones que aprovechan adecuadamente esta posibilidad.
Además, como promedio, el 85% del presupuesto de cada universidad se orienta a gastos corrientes, es decir sirve para el pago de planillas y pensiones, quedando sólo el 15% para gastos de capital, escaso dinero que se utiliza en mejorar infraestructura, modernizar equipamiento, actualizar bibliotecas, implementar laboratorios, etc.
INVESTIGACIÓN
La investigación y la producción de conocimientos definen a la universidad, dice un conocido argumento académico. Si así fuera, también allí estuviéramos heridos de muerte pues la preocupación del claustro ha sido principalmente “formar profesionales” y no precisamente de la mejor calidad.
Según Concytec la inversión peruana en investigación, desarrollo científico y tecnológico apenas alcanza el 0,1% del PBI, siendo el promedio latinoamericano 0,4% y el objetivo mediato llegar a 1%. El resultado es que de acuerdo al último reporte del Institute for Scientific Information el Perú aparece con 228 artículos publicados en revistas especializadas, mientras Colombia tiene 734, Chile 2,282 y Brasil 12,895.
El sector privado posee escasa participación en investigación lo que demuestra su carencia de mirada integral y su desmedido interés por la coyuntura y el acrecentamiento de su utilidad.
La poca investigación universitaria que se realiza no está coordinada y cada institución define prioridades y áreas de acuerdo a lo que considera conveniente. El problema es que muchas veces se investiga donde no se debe investigar y se deja de hacer donde más se necesita.
La cereza del pastel es que en la investigación casi siempre se olvida que somos un país de extraordinaria riqueza cultural, depositario de conocimientos autóctonos que la mayoría del mundo admira.
DISLOQUE
Nadie puede negar la falta de vinculación que existe entre educación secundaria y educación universitaria. En 1970 las universidades cambian la modalidad de exámenes y se genera la ruptura. Aparece la necesidad de las academias preuniversitarias y, por carencias económicas, las universidades crean los centros preuniversitarios.
Hoy no existe centralización en los exámenes de ingreso. Los estudiantes se preparan ya no para la vida sino para aprobar la prueba de admisión. La aptitud verbal, por ejemplo, no es entendida como desarrollo de la comunicación humana sino como mera habilidad en el uso de sinónimos o antónimos.
ACTUAL LEGISLACIÓN
Coexisten para las instituciones universitarias dos marcos jurídicos distintos. Uno, la Ley Universitaria Nº 23733 (discutida en 1983 y vigente desde 1984), basada en Constitución de 1979 que promueve un Estado Benefactor; y, dos, el Decreto Legislativo Nº 882 más conocido como “ley de promoción en el sector educación”.
La ley 23733 incluye un conjunto de avances importantes, pero 25 años después requiere una urgente actualización, máxime si, como todos reconocen en las últimas décadas se han procesado grandes transformaciones en el mundo del conocimiento. El decreto 882 legalizó el neoliberalismo en el sector educación, permitió el crecimiento explosivo de centros privados y la extensión de la mediocridad. Su derogatoria inmediata es un requisito fundamental.
A pesar que la tendencia en América Latina es a una sola legislación para la Educación Superior (Argentina, Colombia, Ecuador, por ejemplo), en nuestro país las propuestas distinguen entre educación superior universitaria y educación superior no universitaria, quizá por que estos niveles tienen muy poca conexión. En el parlamento no son pocos los proyectos de ley aunque su discusión es aún incipiente.
TLC Y UNIVERSIDAD
El TLC con Estados Unidos que espera en Washington su dificultosa ratificación ha incluido temas educativos y culturales en los capítulos sobre inversiones y comercio transfonterizo de servicios. Permitiría que las compras del gobierno relacionadas con la educación puedan hacerse mediante licitaciones internacionales, que la inversión (norteamericana, se entiende) no tenga ninguna barrera si se dirige al servicio educativo, que cualquier transnacional tenga trato semejante a una empresa nacional.
Además, se establecería el libre tránsito de profesionales planteando que las licencias y certificados no deben convertirse en “barreras innecesarias” para el comercio. Por último, nuestro país se vería obligado a usar sofware de marca abandonado la tendencia mundial del sowfare libre.
La investigación y la producción de conocimientos definen a la universidad, dice un conocido argumento académico. Si así fuera, también allí estuviéramos heridos de muerte pues la preocupación del claustro ha sido principalmente “formar profesionales” y no precisamente de la mejor calidad.
Según Concytec la inversión peruana en investigación, desarrollo científico y tecnológico apenas alcanza el 0,1% del PBI, siendo el promedio latinoamericano 0,4% y el objetivo mediato llegar a 1%. El resultado es que de acuerdo al último reporte del Institute for Scientific Information el Perú aparece con 228 artículos publicados en revistas especializadas, mientras Colombia tiene 734, Chile 2,282 y Brasil 12,895.
El sector privado posee escasa participación en investigación lo que demuestra su carencia de mirada integral y su desmedido interés por la coyuntura y el acrecentamiento de su utilidad.
La poca investigación universitaria que se realiza no está coordinada y cada institución define prioridades y áreas de acuerdo a lo que considera conveniente. El problema es que muchas veces se investiga donde no se debe investigar y se deja de hacer donde más se necesita.
La cereza del pastel es que en la investigación casi siempre se olvida que somos un país de extraordinaria riqueza cultural, depositario de conocimientos autóctonos que la mayoría del mundo admira.
DISLOQUE
Nadie puede negar la falta de vinculación que existe entre educación secundaria y educación universitaria. En 1970 las universidades cambian la modalidad de exámenes y se genera la ruptura. Aparece la necesidad de las academias preuniversitarias y, por carencias económicas, las universidades crean los centros preuniversitarios.
Hoy no existe centralización en los exámenes de ingreso. Los estudiantes se preparan ya no para la vida sino para aprobar la prueba de admisión. La aptitud verbal, por ejemplo, no es entendida como desarrollo de la comunicación humana sino como mera habilidad en el uso de sinónimos o antónimos.
ACTUAL LEGISLACIÓN
Coexisten para las instituciones universitarias dos marcos jurídicos distintos. Uno, la Ley Universitaria Nº 23733 (discutida en 1983 y vigente desde 1984), basada en Constitución de 1979 que promueve un Estado Benefactor; y, dos, el Decreto Legislativo Nº 882 más conocido como “ley de promoción en el sector educación”.
La ley 23733 incluye un conjunto de avances importantes, pero 25 años después requiere una urgente actualización, máxime si, como todos reconocen en las últimas décadas se han procesado grandes transformaciones en el mundo del conocimiento. El decreto 882 legalizó el neoliberalismo en el sector educación, permitió el crecimiento explosivo de centros privados y la extensión de la mediocridad. Su derogatoria inmediata es un requisito fundamental.
A pesar que la tendencia en América Latina es a una sola legislación para la Educación Superior (Argentina, Colombia, Ecuador, por ejemplo), en nuestro país las propuestas distinguen entre educación superior universitaria y educación superior no universitaria, quizá por que estos niveles tienen muy poca conexión. En el parlamento no son pocos los proyectos de ley aunque su discusión es aún incipiente.
TLC Y UNIVERSIDAD
El TLC con Estados Unidos que espera en Washington su dificultosa ratificación ha incluido temas educativos y culturales en los capítulos sobre inversiones y comercio transfonterizo de servicios. Permitiría que las compras del gobierno relacionadas con la educación puedan hacerse mediante licitaciones internacionales, que la inversión (norteamericana, se entiende) no tenga ninguna barrera si se dirige al servicio educativo, que cualquier transnacional tenga trato semejante a una empresa nacional.
Además, se establecería el libre tránsito de profesionales planteando que las licencias y certificados no deben convertirse en “barreras innecesarias” para el comercio. Por último, nuestro país se vería obligado a usar sofware de marca abandonado la tendencia mundial del sowfare libre.
Las consecuencias al asumir este compromiso serían muy perjudiciales. Indudablemente se profundizaría el proceso de privatización de la educación superior con su secuela de exclusión y marginación a los sectores sociales más empobrecidos. También la calidad seguiría su rumbo de deterioro pues mediocres universidades estadounidenses podrían comprar universidades e institutos desplazando a las instituciones locales (recordemos que la UPC ha sido comprada por un consorcio extranjero). Igualmente se reforzarían las visiones individualistas, uniformizantes y exclusivamente competitivas.
El futuro peruano en educación superior tendría características similares a las de México luego del TLCAN. Hoy en el país del norte la calidad educativa –especialmente privada- sigue dañada, los títulos profesionales se logran aceleradamente, la evaluación es superficial y las burocracias han aumentado.
AUSENCIA DE PROYECTO
En el Perú sigue ausente un Proyecto Nacional. Nuestras clases dominantes han sido incapaces de diseñar el país que queremos en el mediano y largo plazo. Y cómo no sabemos a dónde va la Nación tampoco conocemos hacia dónde deben ir las universidades.
Existe un Proyecto Educativo Nacional recientemente aceptado por el Estado, pero la educación superior no es su prioridad. En el gobierno no encontramos voluntad política de Reforma y en el Congreso de la República otras son las preocupaciones principales. La ANR carece de respuestas creativas frente a este problema.
Tal como ocurrió hace ya 90 años los cambios necesarios vendrán de los propios universitarios siendo los estudiantes protagonistas centrales.
ALTERNATIVAS
Podemos destacar:
Proyecto Nacional, PEN y Proyecto Universitario.
Nueva Ley Universitaria que ponga atención en los siguientes aspectos:
2.1 Financiamiento.
2.2 Democracia.
2.3 Gestión Eficiente.
2.4 Autonomía.
2.5 Calidad.
2.6 Formación Humanista.
2.7 Vinculación al Pueblo.
2.8 Al servicio de la patria y del desarrollo nacional y regional.
AUSENCIA DE PROYECTO
En el Perú sigue ausente un Proyecto Nacional. Nuestras clases dominantes han sido incapaces de diseñar el país que queremos en el mediano y largo plazo. Y cómo no sabemos a dónde va la Nación tampoco conocemos hacia dónde deben ir las universidades.
Existe un Proyecto Educativo Nacional recientemente aceptado por el Estado, pero la educación superior no es su prioridad. En el gobierno no encontramos voluntad política de Reforma y en el Congreso de la República otras son las preocupaciones principales. La ANR carece de respuestas creativas frente a este problema.
Tal como ocurrió hace ya 90 años los cambios necesarios vendrán de los propios universitarios siendo los estudiantes protagonistas centrales.
ALTERNATIVAS
Podemos destacar:
Proyecto Nacional, PEN y Proyecto Universitario.
Nueva Ley Universitaria que ponga atención en los siguientes aspectos:
2.1 Financiamiento.
2.2 Democracia.
2.3 Gestión Eficiente.
2.4 Autonomía.
2.5 Calidad.
2.6 Formación Humanista.
2.7 Vinculación al Pueblo.
2.8 Al servicio de la patria y del desarrollo nacional y regional.
.jpg)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario